Cxhab Wala Kiwe --Territorio del Gran Pueblo Nasa en el Cauca--, abril 20 de 2012
Señor
Timoleón Jiménez
Comandante
FARC
Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe ACIN. Como en anteriores ocasiones, le escribimos desde nuestro compromiso por abrir las rutas para la paz en Colombia.
Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace ya tres años (7 de marzo de 2009) con un mensaje que también firmó nuestro CRIC. Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en el territorio indígena del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el Encuentro por la Paz de Barrancabermeja, en agosto del año pasado. Tal diálogo es más urgente a medida que el conflicto se intensifica en nuestra región, y por los hechos reiterados de parte de sus tropas y algunos mandos contra nuestra Asociación y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos haga una aclaración importante sobre la política de su organización hacia nosotros.
1. El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el comandante Alfonso Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nuestra. Allí ustedes señalaron cuatro cosas relevantes, entre otras: que hay “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia con los indígenas; que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten la “organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; y que reconocen su identificación “con la esencia de principios como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.
Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que respondieran la carta. También valoramos positiva la parte en que reconocen la existencia de atropellos, así sea sin darle el nombre que es; porque algunas de las situaciones que ustedes llaman “dificultades puntuales”, para nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, más o menos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio para seguir tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece muy importante.
Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como propias las luchas y las recuperaciones de tierras de los años 70s que hicimos las comunidades indígenas del Cauca. Se trata de una posición frágil en términos históricos, y más bien podría resultar oportunista en términos políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han participado de forma protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: conservadores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay lugar a dudas de que el cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz autonomista, y así lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su independencia. Pudo haber gente influida por distintos grupos insurgentes que haya estado esos años en las recuperaciones, pero no es posible hablar de un papel muy significativo; porque aunque han sido hechos de fuerza ninguna recuperación fue hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción donde la guerrilla pudiera haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simplemente nos hubieran aniquilado militarmente.
La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron incomprensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ignorancia, y no reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera formas económicas sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las necesidades de la guerra los llevó a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes para mantener los impuestos de guerra que ellos pagaban, lo que generó duras denuncias de nuestra parte.
Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle protagonismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad de los pobres y los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son los que dicen que las tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque algunos funcionarios del Incora fueron fundamentales en esa lucha, o porque el gobierno de Lleras Restrepo de algún modo promovió la formación de la Anuc; los que repiten que se trata de una conquista de los partidos tradicionales porque nuestro primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, que era un liberal del MRL; o que es un logro de la Iglesia porque Álvaro Ulcué y Pedro León Rodríguez eran curas católicos. En resumen, que hay que torcer mucho el análisis histórico y político para sostener esa superficialidad.
2. Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 --que orientaron respetarnos y que comparten nuestros principios de vida y de lucha--, vemos que sus palabras no corresponden del todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo que ustedes llaman “dificultades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo mínimo que tenían que hacer para distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido cambios visibles: desde ese momento hasta ahora, siguió el paralelismo en lugar del respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y asesinatos por los milicianos y sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques indiscriminados siguen ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que disparan para cualquier lado.
En Tacueyó, vereda Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento, que el Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El gobierno dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un objetivo militar legítimo. Pero el gobierno sabía no solo del campamento sino de la presencia de los menores, porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que usó las armas sabiendo de la presencia de personas que debían ser protegidas –los niños y niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar menores y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a nombre de las FARC; sin embargo el supuesto infiltrado actuó siempre con otros guerrilleros que siguen con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estructuras de las FARC de la zona.
Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron carros-bomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben ustedes que los cilindros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de mercado; sabían que había muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; sabían que las explosiones iban a destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no les importó; actuaron a conciencia de que iban a destruir el centro de esas poblaciones. La fuerza pública es responsable de poner sus bases en medio de la población, y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsables de atacar con armas que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban siendo usados como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 400 viviendas.
Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, que es culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como apareció en un comunicado del Sexto Frente. Si el gobierno instala una base militar en medio de la población civil y la usa como escudo humano –que es lo que viene haciendo y es una infracción al DIH--, la obligación de la insurgencia es proteger en todo momento a la gente desarmada, y más si se trata de gente humilde. Ustedes no pueden exigirle al gobierno que cumpla con el DIH, como aparece en el comunicado, y no asumir que ustedes también están obligados a cumplir. Eso no es serio. El cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas cuando ametrallan las comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no pensaran igual.
3. De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, la autonomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que queremos analizar con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según información confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjunto de Occidente de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, esa estructura de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del delegado de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la Minga Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordinador de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia y Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades indígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de conocida la orden de ejecución, distribuyó un comunicado fechado en marzo de este año, en el cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales crímenes; dicho comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, pues se trata de la posición que históricamente ha adoptado el movimiento indígena del Cauca.
Hay unas consideraciones de orden en ese comunicado que merecen nuestra crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban en manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. Por otra parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es “errónea y engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confrontacional” frente a la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan de sus [nuestras] políticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín.
No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desemboquen en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al de un país más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica” que produce mucho dolor y muerte injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avallasador frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la consolidación de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. No somos soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: la tierra, la cultura, la unidad, la autonomía.
En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos.
4. La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera bastado a quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa, para saber que la política del CRIC y la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se enteraron de las movilizaciones del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organizaciones, que fueron las más importantes acciones contra el régimen de Uribe Vélez? ¿No supieron de la consulta contra el TLC con los Estados Unidos? ¿No han sabido de la Minga Social y Comunitaria, que propone una proceso legislativo popular? ¿No han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les contaron del masivo Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención permitiría decir tamaña necedad.
Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas que nos critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado esas críticas en ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, hay un sector financiado y promovido por el gobierno que nos acusa de ser muy radicales en nuestra exigencia de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó unánimemente con los candidatos contrarios a nuestro proyecto político-electoral. Y claro que otros sectores nos cuestionan: por posibles problemas de autoritarismo y por manejos administrativos que no se comparten; casi todas esas acusaciones han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio personal y la calumnia de algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su organización en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras instancias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simplemente la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de este país puede mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la nuestra. ¡Ninguna! No tenemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes designados a dedo. Lo que sí no vamos a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, o el ejército o los ministerios del Estado, nos digan cómo resolver nuestros debates internos.
Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indígenas son indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron ser miembros permanentes de una organización militar han renunciado a su condición civil y se han puesto por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa no ha decretado la guerra ni al Estado ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero o comunera indígena que se arme o realice acciones militares está violando nuestra ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en cualquier otro grupo; si quiere ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, porque en tal caso tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si se queda en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes o el del ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de regreso a casa. Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil y ponerla en riesgo, actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a sus miembros con medios armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los sancione. No es tan difícil entender esto, que es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre la condición de combatiente, pero que también lo dice el derecho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos que ustedes no comparten del todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan el DIH es un acto hostil según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un acto militar? Nos parece muy extraño que digan eso.
Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial, el CCO habla de la supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los comandantes guerrilleros; es la misma autonomía de que habla el gobierno: una que le haga caso a sus ministros y sus generales. Pero nosotros cuando decimos “libre determinación” entendemos “libre determinación”, no autonomía tutelada. La autonomía no consiste en que algún actor armado, o intelectual, o político, o religioso, legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos ejercerla; precisamente la autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los líderes indígenas no le rendimos cuentas sino a la comunidad organizada.
En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más atrasada que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Dicen los dirigentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos tener autonomía mientras persistan ciertas amenazas crecientes que ellos van a “combatir” (palabras textuales), la primera de las cuales son los “gobiernos propios”, es decir nuestros gobiernos indígenas, “que no constituyen garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿Las FARC en adelante van a “combatir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que escogieron: una organización popular! ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? ¿Para intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.
Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al Estado colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están disputando al movimiento indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gobernarse y su ejercicio de libre determinación.
Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la fuerza pública y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestionado esta afirmación. Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. Cuando el ejército oficial arrasa las comunidades no es la guerrilla la que sale a defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco esperamos que lo haga, porque no nos interesa y porque lo primero que protege una fuerza armada cuando se encuentra en desventaja obviamente son sus propios intereses militares; en cambio es la Guardia Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en cambio enfrenta con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. Y sobre la supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que no es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que no es exactamente de oposición.
5. Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comunicado del CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, que entre las autoridades y líderes de los Cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agentes abiertos o encubiertos del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia [militar] de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando”, y que abogamos porque haya más “pie de fuerza del ejército y más represión”. Con esas acusaciones, concluyen que la ACIN, el CRIC y sus Cabildos nos hemos involucrado “peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, que hemos tomado “partido al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que promovemos “acciones hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento”.
¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del Cabildo de Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indígena “continuar en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes”. En realidad la frase completa continúa “..., defensoría del pueblo, cruz roja internacional, personería, derechos humanos”, y tiene como encabezado que se trata de la “reafirmación de la emergencia territorial y humanitaria, y las acciones de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra zona sabe que los indígenas solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “autoridades indígenas”, las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); cualquiera que lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera que conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que la Guardia Indígena es una forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa de la vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de combate, que la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien pertenezca. ¿Por qué entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz? Sinceramente no vemos otra explicación que un interés provocador.
También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la policía y el ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos exigido la desmilitarización, nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; y sabe que hemos realizado las acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la infraestructura militar de ambos actores sin darle ventaja militar a ninguno de los dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas se refieren? Parece que nos acusaran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y policía; pero es que nosotros no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos parece que hay un poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por ellos lo que han sido incapaces de hacer estando armados.
Comandante Jiménez: Usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hostiles”. No son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC considera al CRIC, la ACIN y los Cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” mediante las armas.
Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento específico sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, porque nos negamos a creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando vienen insistiendo en buscarle salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han manifestado su disposición a acogerse al Derecho Internacional Humanitario. Tenemos la duda de si los términos del mensaje del Comando Conjunto de Occidente expresan adecuadamente la posición de su organización, o si por el contrario se trata de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto de la intensificación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en estado de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su organización político-militar.
Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar nuestro territorio o el planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan nuestra autonomía; si les incomoda que nuestra comunidad se autogobierne y por eso mandan a quitar del camino a nuestros dirigentes.
Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 21 de febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso Cano y usted mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía”
6. Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo que pasó con uno de nuestros comunicadores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un miliciano, ¡éste le pegó un tiro en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este comportamiento? Así de enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando la misma guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido estos meses tienen la misma forma: como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle permiso a nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la sociedad, simplemente disparan o mandan disparar.
Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan. Todo se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad del grupo guerrillero; todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la guerra se vuelve burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si fuera el trámite en una ventanilla.
Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los comandantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros porque “así es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Entonces vuelven sus combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda en el mismo charco. Y ustedes y el país se hunden más y más.
Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dignidad y respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene valor. Si la vida de la gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería que ustedes nos respondieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la vida de las personas desarmadas, y cómo es que respetan a los que no comparten sus ideas. Es a esto último a lo que nos referimos cuando insistimos en resolver el conflicto armado: cuando lo militar es más importante que la propuesta política, cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada a la derrota, aunque ganaran algún día la guerra.
Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las poblaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan a los colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.
7. Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de diálogo de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la Paz realizado en Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos planteando nuestra postura de paz de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones suyas como comandante de las FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a dialogar, que los sectores democráticos de la sociedad saludaron como un cambio de lenguaje positivo; y conocimos la decisión del Secretariado de esa organización de dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, de renunciar al secuestro como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, que la ACIN saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz.
Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance hacia la solución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben profundizar algunas acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de menores y abandonar el uso de armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es al gobierno a quien corresponde ahora realizar hechos ciertos de paz, que podrían empezar por la descriminalización de la protesta, el inicio de la depuración de las fuerzas militares y el enfrentamiento más decidio al paramilitarismo. Así lo señalamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que ustedes debieron leer pero que le enviamos de nuevo.
Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que estamos por los diálogos humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a profundizar el control de nuestro territorio; y que haremos lo posible para desmilitarizar nuestras comunidades. Es nuestra forma de aportar a la paz: con hechos de paz.
Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo con la sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden de asesinato de nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los frentes y columnas de las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. Esperamos que usted pueda atender nuestra expectativa de que nos aclare específicamente la posición de las FARC frente al movimiento indígena del Cauca organizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y Comunitaria, y frente a la paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar a quienes nos representan en esos espacios.
Comandante Jiménez:
Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en la época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. Consideramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC cometan un genocidio contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios nos metamos en la guerra para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que esos provocadores no están en la dirección de nuestra organización. Nos parece necesario que usted confirme lo propio en la suya.
Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al gobierno nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la continua búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho nos gustaría que ustedes y el país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que realizaremos del 9 al 11 de mayo próximo, en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, la mayoría del Cauca, vamos a lanzar de nuevo nuestra palabra de paz, que dice...
Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra.
Consejería Mayor
Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas ACIN
Anexamos: Declaración de Toribío, del 20 de julio de 2011, y el llamamiento Proponemos a Colombia una Minga por la Paz, presentado en agosto en Barrancabermeja.
